Cómplices

de Javier Ortiz


La edición digital de El País de hoy (7 de octubre) plantea cuatro temas de debate: «¿Cree que España se clasificará para el Mundial como primera de grupo?», «¿Qué le parece la prohibición de fumar en los centros de trabajo desde 2006?», «¿Debe entrar Turquía en la Unión Europea?» y «¿La telefonía por Internet logrará desplazar a la telefonía fija?». El Defensor del lector aporta otra pregunta más: «Esmoquin, ¿cáterin?».

Llevo dos días esperando a que el diario de referencia de la izquierda española de corbata, el BOE de la progresía ma non troppo, se atreva a llamar la atención —no digamos ya a emitir un juicio— sobre la decisión del Gobierno de Zapatero de desproveer a los inmigrantes llegados a Ceuta y Melilla de cualquier garantía jurídica y expulsarlos a Marruecos sin ningún protocolo. Hablan de ello, pero no lo valoran.

Debe de darles corte. No así a su colega empresarial, la cadena Ser, en cuyas ondas el sustituto de Iñaki Gabilondo ya ha dicho que todo es sin duda muy dramático, y bla bla bla... pero que le parece bien.

Otro tanto han hecho El Mundo y el resto de los principales medios que se cuecen en Madrid.

Doy por descontado que todos son perfectamente conscientes de que se trata de una política ilegal. Saben que las expulsiones sumarísimas de inmigrantes no están autorizadas por la Ley, y que el Tratado bilateral que el Gobierno invoca para llevarlas a cabo no las avala, porque ese Tratado —que en ningún caso podría prevalecer sobre una ley aprobada en Cortes, como es la de Extranjería— sólo se refiere a personas que se encuentren físicamente en tierra de nadie, entre los territorios marroquí y español, pero no a quienes ya han entrado en suelo de soberanía española.

Aquí todo el mundo sabe que lo que el Gobierno está haciendo es ilegal, pero los grandes medios de comunicación lo aprueban, porque les horroriza la situación contraria, frente a la cual no saben qué alternativa proponer.

No les horroriza, a cambio, enterarse de cómo está cumpliendo el Gobierno marroquí con su parte en esa política de expulsiones a tortazos. Parecen ya suficientemente contrastadas las informaciones que denuncian que las autoridades de Rabat están trasladando a «los clandestinos» —así los llaman— hasta la vecindad del desierto del Sahara, abandonándolos allí a su suerte sin medios de subsistencia, abocando a las mayores penalidades, e incluso a la muerte por hambre y sed, a muchos de ellos.

La cadena de responsabilidades es terrible: todos los que están apoyando que el Gobierno español expulse sin ninguna garantía legal a los inmigrantes indocumentados que han entrado en Ceuta y Melilla se están convirtiendo en cómplices de lo que el Gobierno de Marruecos hace luego con ellos. Porque no cabe ignorar las causas de lo causado: el Ejecutivo de Rabat no podría obrar así si sus colegas de Madrid no actuaran como lo está haciendo, y el Ejecutivo de Madrid no podría hacer lo que está haciendo si tanto la opinión publicada como la opinión pública españolas le hubieran puesto de inmediato el grito en el cielo.

Calculo el número de cómplices que tiene todo este enorme desastre y me declaro anonadado.